Gilberto Guevara Niebla

Después del análisis, las preguntas que surgen son obvias:

1) ¿Cómo debe ser el cambio en el sistema educativo?

2) ¿Cuáles pueden ser las fuerzas propulsoras de ese cambio?

La respuesta a la primera pregunta es clara para el lector. El cambio ha de ser, en primer lugar, un cambio estructural, es decir, un cambio que modifique la distribución de poder de decisión entre los actores del sistema educativo que son maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas y ciudadanía en general.

El cambio estructural antecede al cambio pedagógico. La premisa debe ser otorgarle poder al maestro y a la escuela. Hasta hoy el maestro es un operador y la escuela es una suerte de taller en donde se cumplen regulaciones y órdenes que provienen del exterior. Calendarios, horarios, planes, programas, métodos de enseñanza, sistemas de gestión escolar, recursos financieros, plazas, todo esto —y más— se decide fuera de la escuela.

El poder se halla concentrado en la SEP y en el SNTE que cogobiernan la educación en todo el territorio nacional (aunque el SNTE, en tanto entidad privada, no está legalmente facultado para realizar esa función). En el otro extremo —en la periferia del sistema— tenemos un maestro y una escuela despojados de todo poder.

¿Cómo exigirle rendimiento de cuentas a sujetos que no deciden su materia de trabajo? ¿Por qué hacerlos responsables de cosas que ellos no deciden?

De hecho, su condición de desposeimiento es lo que explica la falta de motivación que existe entre las masas magisteriales para llevar a cabo las directivas que reciben del centro. La escuela, pues, debe transformarse, reconvertirse en una entidad con alto grado de autonomía (como lo recomienda, por cierto, la OCDE), lo cual supone desmontar el aparato escolar absolutamente centralizado que hoy tenemos.

Pero hay dos cambios asociados de carácter igualmente estructural que no podemos pasar por alto: 1) la escuela debe unirse a la comunidad y convertirse en centro de una “comunidad educativa”; 2) la sociedad debe tener medios de control democrático sobre el sistema educativo. La solución a estos dos puntos se halla en los Consejos de Participación Social que, desde luego, deben reconceptualizarse a fin de que tengan facultades específicas reales que influyan sobre el desarrollo educativo.

Si los Consejos de Participación Social no tienen poder real de incidencia, se reducirán a meros membretes (como hoy lo son). Desmontar el centralismo no significa, por ejemplo, acabar con el “libro de texto gratuito”, pero sí con su unicidad. Cada escuela o grupo de escuelas deben tener libertad para seleccionar su libro de texto (que será pagado por el gobierno). Precisemos. Se trata de transferir poder regulador desde el centro hacia los estados, a los municipios y a las escuelas. Creo que la unidad educativa del sistema debe ser el estado y que cada municipio debe tener un consejo escolar electo e integrado por profesores, padres de familia y autoridades municipales.

Éste fue, en estricto sentido, el proyecto de José Vasconcelos en la creación de la SEP (véase Fell, C., José Vasconcelos. Los años del águila, UNAM, México, 1989, p. 60). Vasconcelos estaba consciente del peligro de burocratización que se cernía sobre la educación si ésta se mantenía en manos del Estado (burocratización que hoy vivimos en grado extremo). Por lo mismo pensaba que, en el largo plazo, el sistema educativo debería estar bajo el control de los consejos educativos y no del Estado. La educación adquiriría autonomía. Lo cual no significaba “privatización” ni renuncia a que la educación fuera laica y nacional.

Una nueva organización del sistema educativo no será posible si no se logra, previamente, desmontar el poder exacerbado del SNTE. En primer lugar, el SNTE no puede dirigir la educación como hoy ocurre y debe reducir su papel a la negociación de aspectos estrictamente laborales. En segundo lugar, hay que derogar el Reglamento de Condiciones de Trabajo (RCT) de 1946, que hasta ahora le da sustento jurídico a muchos de sus excesos. Junto al RCT hay otros decretos presidenciales —como, por ejemplo, el de Escalafón— que deben modernizarse. En tercer lugar, es incorrecto que exista la “afiliación automática” (que al recibir su plaza, el maestro pasa automáticamente a formar parte del SNTE, sin que se le consulte al respecto) porque ello viola los derechos humanos de los docentes.

En cuarto lugar, el SNTE no debe ser reconocido como “sindicato único”. En quinto lugar, tampoco el SNTE debe controlar los puestos intermedios de inspector, director, etcétera, ya que que se trata de puestos que, jerárquicamente, corresponden a la autoridad educativa (al establecerse éstos como “puestos de base” se altera el esquema natural de gestión).

En sexto lugar, el SNTE debe someterse a un régimen de transparencia que haga visible ante sus miembros y ante el público tanto sus finanzas como la condición laboral de su personal (aclarando cuántos “comisionados” utiliza).

Finalmente, en séptimo lugar, el SNTE debe democratizarse plenamente —se debe regresar el poder sindical a los maestros— y dejar atrás su historia de cacicazgos, corrupción y violencia. No debe perderse de vista que la principal opositora a cualquier reforma educativa estructural es la camarilla que dirige el SNTE, puesto que ella pondría en entredicho el enorme poder —político y financiero— que poseen los líderes sindicales.

Tal como hoy existe, el SNTE es una institución nociva para la educación pues sus prácticas crean dentro de la escuela un ethos desfavorable para el trabajo académico honesto. Se trata de un sindicalismo predador, antinacional, que busca el beneficio de sus líderes por encima de todo y que no ha vacilado hasta ahora en contribuir a la ruina del sistema educativo.

¿Quiénes, entonces, serán las fuerzas que apoyarán el cambio?

Una encuesta de 2005 reveló que los maestros opinan que la educación está muy bien (69%) y otra de 2011 dice que los padres de familia (el 65%) están satisfechos con el estado actual de la educación.

Estos datos son paradójicos. ¿Cómo se puede estar satisfecho cuando todas las evidencias disponibles demuestran que la educación sufre una debacle? Lo que enfrentamos, en realidad, es un fenómeno generalizado de desinformación sobre lo que está ocurriendo.

La información debe, entonces, ser la herramienta principal para promover la reforma educativa. Con la información abundante y precisa, y con el debate público se podrá construir el ejército de profesores, padres de familia y ciudadanos que impulsen una reforma educativa que es el punto crítico para el desarrollo y la prosperidad de la nación.

Existen, desde luego, otro cambios que no son “estructurales” y que, aunque aislados, producen respuestas que siempre tienen algún valor. ¿Qué decir de las escuelas de jornada completa? Pero el árbol no debe ocultar al bosque. Ninguna acción particular, por excelente que sea, va a resolver los problemas del sistema en su conjunto. Es más: en acciones aisladas se han perdido décadas.

México requiere en educación una reforma global y orgánica. Se trata de reorganizar el sistema educativo y no sólo de edulcorarlo con una u otra medida aislada. Es verdad que contingentes enormes de docentes luchan, día con día, por hacer mejor su trabajo, pero la experiencia confirma que esa lucha será estéril mientras no cambie la organización del sistema escolar. El otro aspecto es la urgencia del cambio.

El mundo se transforma aceleradamente y nuestro país está en el umbral de un derrumbe si no es capaz de resolver inteligentemente la cuestión educativa. Son dos los desafíos. En primer lugar, el problema de la productividad que nos otorgue mayor capacidad competitiva en el contexto —irrevocable— de la apertura mercantil. En segundo, está la misión de formar ciudadanos para hacer de la democracia un sistema de autogobierno que produzca, al mismo tiempo, justicia social.

Para cumplir estos fines supremos, la educación no puede estar sujeta a ideologías o intereses mezquinos o partidarios. No puede utilizarse como instrumento político: sea como medio para ganar votos, sea como medio para difundir ideas partidarias o sectarias. La educación debe ser autónoma. Autónoma, no en el sentido de separada de la vida, sino en el sentido de que debe autogobernarse conforme a fines e intereses humanos supremos, es decir, conforme a valores universales.

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