Debido a que las impugnaciones sobre la elección del primero de julio no prosperaron, México tiene ya un presidente legalmente reconocido para el periodo 2013-2018: Enrique Peña Nieto (EPN). La transición está en marcha y habrá que discutir en qué consiste, qué podemos esperar y qué escenarios se vislumbran dentro del ámbito educativo.

Lo primero que habrá que reflexionar es si el reemplazo del gobierno panista por uno priísta representa una verdadera transición para el sector educativo. Una transición significa pasar de “un modo de ser o estar a otro distinto” (RAE). En política, esta definición contiene una valoración positiva – “si cambiamos, es para mejorar” – y además, encierra tres diferencias para la política: Un modo distinto en: (1) la forma de gobernar, (2) en las políticas y acciones específicas y (3) en la inclinación ideológica.

Sobre el tercer punto, varios comentaristas han observado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), últimamente, no se complica la vida en definiciones ideológicas. El Revolucionario Institucional es ahora una organización política pragmática que sabe adaptarse con facilidad al contexto con tal de cumplir sus fines. En términos ideológicos, por lo tanto, no creo que veamos transición alguna.

En términos de políticas educativas y acciones concretas tampoco avizoro una transición. Revisando las propuestas de campaña de EPN se puede advertir que la mayoría de éstas dibujan una línea de continuidad con la agenda educativa propuesta por las dos administraciones pasadas. Se habla, por ejemplo, de “consolidar” las jornadas escolares completas, ofrecer incentivos económicos a los maestros con base en los rendimientos escolares de sus alumnos – un error, por cierto –, “perfeccionar” el programa de Carrera Magisterial, “continuar” con la implementación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes para la obtención de las plazas, ampliar la cobertura en educación media superior y superior, seguir con el otorgamiento de becas, “fortalecer” la educación a distancia y algo que es el leitmotiv de cualquier político en campaña: “Habrán más dinero para la educación”.

Si no hay variación en términos de políticas ni tampoco en la ideología y las creencias que las sustentan, ¿en verdad estaremos hablando de una transición con la llegada del PRI al gobierno federal? No, pero existe una oportunidad de respaldar las palabras con hechos si la nueva administración introduce cambios sustanciales en la forma de organizar y gobernar el sistema educativo.

Estos cambios implican por lo menos cuatro aspectos que – siguiendo a algunos teóricos del cambio político -, pueden ser: (1) reconstruir la autoridad, (2) institucionalizar los procesos de política, (3) articular mejor la estructura funcional de la SEP y (4) darle fuerte impulso a la participación social. A continuación explicaré el primero de estos aspectos y dejaré el resto para entregas posteriores.

Reconstruir la autoridad pública. Ante la conflictiva elección presidencial de 2006, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vio claramente la posibilidad de acrecentar su poder si convencía al presidente electo de que sin la intervención del SNTE no podría avanzar la educación del país. El presidente panista, contrario a los principios fundacionales de su partido, abrazó el credo corporativo y así nació la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Diversos estudios empíricos y reportajes de la prensa han mostrado los incumplimientos de la ACE. Los más graves son en materia de tecnologías de la información, equipamiento, participación social, asignación de plazas, reforma curricular y transparencia. En cambio ahora la dirigencia sindical puede presumir que ha atraído recursos para sus agremiados (véase, por ejemplo, el regresivo programa de estímulos económicos a maestros y directivos). ¿Quién entonces ganó con la ACE? ¿Un grupo político o la educación de México?

Al haberle cedido autoridad a un grupo sindical, cantidades importantes de poder público se trasladaron a manos de un actor que, por su naturaleza, opera con una lógica distinta al interés público. Bajo este escenario, y sin los recursos legales y judiciales necesarios, la SEP fue desautorizada. Como consecuencia, se perdió poder y eficiencia gubernamental. ¿Qué hacer entonces para recuperar la autoridad pública?

Primero que nada, reconocer que dentro de la incipiente democracia de México los pactos corporativos son onerosos para la mayoría. El ejercicio del poder y de la autoridad demanda entonces la creación de esquemas institucionales mucho más complejos e impersonales y en esto la renovación legal y judicial es clave. Estos esquemas no deben servir para tratar de suprimir la voz de los diversos actores políticos, sino para recrear los espacios de poder con que debe actuar la autoridad pública. Es a través de estos espacios que pueden impulsarse las transformaciones educativas que la sociedad demanda. Reconstruir la autoridad pública en educación daría entonces una clara señal de que habrá transición.

Pedro Flores Crespo
UIA
Publicado por campus milenio
Septiembre 13 2012