Hoy concluye no sólo el gobierno de Felipe Calderón, sino también una etapa en la vida democrática de México. Dejará de encabezar el gobierno federal Acción Nacional (PAN) para darle paso al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Qué herencia dejó el panismo en el sector educativo?

¿Qué hizo bien y qué hizo mal?

¿Qué falta por hacer?

Trataré de responder a estas preguntas haciendo una selección de temas que juzgo clave y además, tomando en cuenta el periodo comprendido del año 2000 al 2012.

Alarmismo y aciertos

El 2000 generó esperanzas de cambio político, por un lado y preocupaciones, por otro. A los que esperábamos una transición con signo distinto, nos alertaba que el gobierno encabezado por Vicente Fox, un empresario y ferviente católico, perdiera de vista la distinción entre sus creencias personales y el ejercicio del poder. Augurábamos que la “derecha” iba a tomar las escuelas y la religión barrería con la laicidad. Nos equivocamos.

Hasta donde sé, no hubo iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para enseñar la vida de los santos en las escuelas públicas. Los datos, además, demuestran que la mayoría de los estudiantes sigue concentrada en el sector público. 87 de cada 100 educandos realiza sus estudios en una institución pública y tal porcentaje no ha variado significativamente desde el año 2000.

Aparte del tino preservar la laicidad, los gobiernos del PAN se diferenciaron de los priístas por tratar de impulsar la construcción de información independiente sobre el desempeño del Sistema Educativo Nacional (SEN). La creación, en 2002, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue otro acierto de la transición democrática.

En el nivel básico, ahora tenemos mejores referentes para juzgar la calidad de la educación. Incluso, la prueba Enlace (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), que fue ideada antes de 2006, fue un paso en la dirección correcta. Con Enlace, ahora los padres de familia contamos mayor información sobre el desempeño escolar para reflexionar y discutir, de manera más fundamentada, qué alternativas tomar para que nuestros hijos aprendan más y mejor.

Pero el paso hacia adelante en materia de evaluación educativa pronto se vio obscurecido por una corta y distorsionada visión. Los resultados de la prueba Enlace y de otras evaluaciones como PISA (Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante) fueron vistos como fines en sí mismos, acarreando un sobre uso de la información. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, por ejemplo, estableció como meta alcanzar un determinado puntaje en PISA sin meditar que se puede llegar a ese horizonte por diversos caminos que en poco o en nada tienen que ver con el aprendizaje. Como resultado del mal uso de información, ahora enfrentamos el reto de hacer que los resultados de las pruebas de logro escolar vuelvan a ser socialmente valorados y para ello, el próximo gobierno tendrá que asegurarse que los resultados obtenidos por los niños y jóvenes sean reflejo del trabajo académico continuo y no del entrenamiento temporal para pasar la prueba o del chanchullo de comunidades escolares o autoridades educativas. Enlace es un claro ejemplo de cómo en México podemos convertir algo valioso en trivial.

Otro acierto de las administraciones panistas fue la atención que le prestaron a la educación media superior. En 2005, se reestructuró la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar lugar a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y en 2008, se anunció y puso en marcha, la reforma integral de ese nivel. Derivado de la preocupación social y gubernamental por el bachillerato, éste se volvió obligatorio en 2011. Todos estos cambios seguramente van a marcar el desarrollo del sistema educativo nacional en los próximos años y aquí el gobierno entrante tendrá que asegurar que la obligatoriedad del bachillerato ocurra bajo condiciones de pertinencia y equidad.

Como puede observarse, al contrario de hace 12 años, ahora tenemos una plataforma política e institucional mucho mejor cimentada para impulsar cambios en el bachillerato, un reforma que aun con sus limitaciones, allanó el camino para el desarrollo de este nivel. Por si esto fuera poco, el INEE dio a conocer en 2011 el Panorama Educativo de México que por primera vez, integró indicadores para tener una “imagen comprensiva” de las condiciones y desempeño del Subsistema de Educación Media Superior. No hay pretextos entonces para que el próximo gobierno no le imprima mayor efectividad a las políticas del bachillerato mexicano.

En resumen, reconocer la función de la laicidad en el sistema educativo, tratar de construir información independiente sobre el desempeño del sistema educativo y la atención política prestada al bachillerato mexicano pueden considerarse como aciertos de las administraciones panistas que tienen —y tendrán— consecuencias positivas para el desarrollo educativo de México. Pero como la crítica no solamente se compone de resaltar lo bueno, sino también de apuntar lo malo, a continuación expondré los errores que juzgo más graves de las dos administraciones panistas.

Errores como lección a futuro

Aunque el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (Pronae) presentaba un puntual diagnóstico del sistema educativo, exponía una visión a largo plazo y delineaba un “pensamiento educativo” que marcaría el rumbo de las políticas educativas, el gobierno de ese entonces – como el actual – se quedó corto pues se abocó a introducir programas a diestra y siniestra en lugar de definir los problemas correctamente para entonces diseñar políticas consistentes. Incluso se llegó a decir que el programa de Enciclomedia, por ejemplo, tendría que llegar a ser una “política de Estado”. Queríamos curar el cáncer con aspirinas. La falta de visión para emprender cambios estructurales en el sistema educativo fue patente.

¿Qué tenemos ahora? Fuertes cuestionamientos a Enciclomedia por razones administrativas y pedagógicas, así como malos resultados en la implementación del programa que la suplió: Habilidades Digitales para Todos (HDT). En este sexenio se prometió tener conectividad en 155 mil aulas y sólo se logró un cumplimiento de dos por ciento de esta meta. La ineficiencia y el hecho de pensar que un programa es suficiente para introducir cambios significativos en la educación del país es un error que el próximo gobierno podría evitar. Hay experiencia acumulada para proceder distinto.

Pero la transformación del sistema educativo de México no sólo implica plantear el problema en términos correctos y formular una buena agenda educativa que incluya políticas consistentes, requiere también identificar los rasgos de una estructura de oportunidades políticas. El presidente Felipe Calderón, al pactar con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pasó por alto que en la actualidad, el clientelismo no puede en combatirse con acuerdos corporativos. Querer erradicar la herencia y venta de plazas para ingreso al servicio docente por medio de una forma centralista y vertical dañó al gobierno, benefició a la dirigencia sindical en su supuesta imagen “progresista” y resultó ser una burla para los maestros. A cuatro años de haberse iniciado el Concurso Nacional para Plazas Docentes (CNPD), hay 15 estados que no han asignado más de la mitad de plazas que fueron concursadas. Baja California Sur, por ejemplo, no ha otorgado ninguna plaza y en algunos casos, no se ha respetado el orden de prelación. El mérito, por lo tanto, ha brillado por su ausencia.

A este respecto, si el próximo gobierno priísta desea actuar con un compromiso público, podría empezar por emprender cuatro acciones:

Uno, promulgarse por el derecho de todos los niños por tener maestros altamente calificados, lo cual, es imprescindible para elevar la calidad de la educación.

Dos, discutir públicamente con los gobiernos estatales nuevos lineamientos para participar en el concurso que permita dar entrada a cualquier profesional calificado para cultivar la inteligencia de la niñez mexicana.

Tres, persuadir a los legisladores para que se modifique el marco regulatorio para el otorgamiento de las plazas. En este proceso, las organizaciones civiles podrían continuar con su ejemplar función de vigilancia y cabildeo.

Y cuatro, convocar a un grupo de especialistas de la educación para rediseñar e introducir esquemas integrales de evaluación docente. Sobre este tema, ya se cuenta con conocimiento acumulado y diversas propuestas valiosas.

Otra deuda pendiente —y por lo tanto, falla— de los gobiernos de la transición fue el combate al rezago educativo, el cual se compone de la gente que no sabe leer ni escribir (analfabetas) y de las personas que no han terminado la primaria y la secundaria. En 2001, se reportaba que México tenía 32.5 millones de personas en esta terrible situación de desventaja. Más de una década y dos gobiernos no fueron suficientes para reducir significativamente el número de personas en rezago educativo. El Sexto Informe de Gobierno informa que sigue habiendo más de 31 millones de personas en rezago y aquí lo más grave es que la población que no ha concluido la secundaria va en aumento. En 2001, eran 14 millones de individuos y para 2007 y 2012 ese número ascendió a 15.7 y 16.4 millones, respectivamente.

Pero aparte del mal funcionamiento de la secundaria mexicana, existe otro agravante en relación con el rezago educativo. El financiamiento a esta modalidad educativa durante el periodo de la transición democrática ha sido mínimo y, más grave aún, ha ido disminuyendo. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) hizo notar que mientras que en 2003 se destinaba 0.04 por ciento del PIB a la educación de jóvenes y adultos, para 2007 este porcentaje había sido ligeramente menor (0.03).

Para abatir el rezago educativo, es evidente que se requiere actuar distinto. En primer lugar, se necesita sensibilizar a la opinión pública de que el rezago es una deuda social inaplazable. Esta sensibilización tendría que impulsar un intenso cabildeo para que se le otorguen más recursos a la educación de jóvenes y adultos. En segundo lugar, habrá que impulsar políticas orientadas a mejorar sustancialmente el funcionamiento de la secundaria mexicana. Pareciera que la reforma emprendida desde 2004 fue insuficiente y aún no es claro si la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) emprendida en este sexenio podrá mejorar significativamente los aprendizajes de los jóvenes. Requerimos evidencia para discutir cómo rectificar el rumbo o de otra manera, el rezago educativo, seguirá creciendo. En tercer lugar, habría que analizar los procesos de implementación de los programas de alfabetización, que aún cuando han mostrado ciertas ventajas, no están dando los resultados esperados. “Un México sin alfabetismo” podría ser una buena bandera política del gobierno entrante.

PRI: ¿hacia dónde?

A algunos, la llegada del PRI al gobierno federal nos vuelve a poner inquietos y en un estado de alerta. Quizás no sea para menos; la historia nos concede razón. Sin embargo, las lecciones mencionadas arriba no son menores ni insignificantes para no tratar de impulsar un cambio verdadero en el sector educativo. Ya sabemos que no tenemos que perder de vista la compleja combinación de factores para plantear correctamente el problema. Renunciaríamos a la democracia si dejamos de cuestionar un plan educativo sin un diagnóstico preciso, sin pensamiento educativo y con una oferta de programas amplia como si por cada problema identificado habría una simple solución.

Estaríamos “documentando nuestro pesimismo” si no se delinea una estructura de oportunidades políticas en la implementación del plan nacional de educación y si se recurre a los estilos de gobierno centralistas, cerrados y bilaterales. La evidencia muestra que esta forma de gobierno le salió muy caro al gobierno de Felipe Calderón. Sus aliados para impulsar el cambio educativo le quedaron mal y ahora hay que pagar las consecuencias dejando el poder, ¿por qué el PRI tendría que intentar lo mismo?

Finalmente, pienso que tenemos enfrente una oportunidad de construir un esquema de gobernabilidad dentro del sector educativo que sea plural, que sea capaz de procesar los conflictos —constantes en una democracia —, imprimirle eficiencia a las políticas y beneficiar a la mayoría. El reto político e institucional es grande. ¿Estará el gobierno priísta a la altura de estas demandas? Por el bien de todos, espero que así sea.

Tomado de Campus Milenio.

Pedro Flores Crespo

UIA