Este artículo tiene el propósito de abonar elementos para reflexionar sobre el tema de la Reforma Educativa que habla de la evaluación

EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO

Lunes, 25 febrero, 2013

Este artículo tiene el propósito de abonar elementos para reflexionar sobre el tema de la reforma educativa, que habla de la evaluación vinculada con el Servicio Profesional Docente. Aunque en este escrito no se discuten formas específicas de evaluar a los profesores, las consideraciones son atingentes para cuando haya que definirlas.

En términos prácticos, evaluar a un estudiante (o en su caso a un docente) es una tarea relativamente fácil: basta con elaborar una prueba con una serie de preguntas sobre un tema de interés, administrarla, calificar las respuestas, calcular el porcentaje de aciertos, e interpretar los resultados con base en una escala predefinida (por ejemplo, del 0 al 10).

Esto es lo que hacen los profesores en su salón de clases, de cualquier nivel educativo, y nadie duda de la validez del procedimiento utilizado, de los resultados obtenidos, de su interpretación, ni de las decisiones educativas que se toman (por ejemplo, aprobar o reprobar a un estudiante).

Sin embargo, cuando se trata de evaluar las competencias escolares de los estudiantes en un estado o un país, como lo  hacen la SEP con ENLACE, el INEE con Excale y la OCDE con PISA, la metodología de evaluación se torna sumamente sofisticada, en la que interviene una gran diversidad de expertos: desde especialistas en currículo y enseñanza de contenidos específicos, hasta especialistas en psicometría y análisis de datos. En las evaluaciones de gran escala se desea asegurar que los resultados de las pruebas sean válidos y confiables, sus interpretaciones correctas y las decisiones pertinentes.

De acuerdo con la tradición psicométrica estadounidense, validar la interpretación y uso de los resultados de las evaluaciones es valorar la racionalidad o argumento en que se sustentan las conclusiones sobre los resultados de una evaluación. En última instancia, la necesidad de validación se deriva de la exigencia científica y del requerimiento social de que se justifiquen las decisiones que se tomen.

Por lo general, la calidad de las evaluaciones se juzga con criterios científicos. Desde esta perspectiva, la preocupación principal es la exactitud de los resultados de las evaluaciones, en términos de su semejanza con el verdadero atributo que se mide (por ejemplo, comprensión lectora). Un segundo elemento de preocupación es la consistencia (o precisión) de los resultados. La exactitud se asocia con la noción de validez y la consistencia con el concepto de confiabilidad. La perspectiva científica ha sido muy fructífera y base del desarrollo de las teorías y prácticas actuales de la evaluación educativa. Sin embargo, no es la única óptica que puede adoptarse cuando se trata de evaluar a personas con propósitos públicos, sobre todo cuando los resultados tienen consecuencias duras. Incluso para muchas personas esta perspectiva no es la más natural e importante. De acuerdo con el psicómetra Michael Kane, en los Estados Unidos han emergido al menos otros dos puntos de vista: el de los usuarios (personas evaluadas) y el de los funcionarios públicos (tomadores de decisiones).

Para los usuarios, las evaluaciones se consideran concursos ocompetencias que se quieren ganar; los estudiantes o profesionistas siempre desean salir bien en los exámenes de admisión o certificación. La idea básica detrás de esta perspectiva es que en todo proceso evaluativo siempre hay ganadores y perdedores,  por lo que el concepto de validez se considera sinónimo de justicia. Las personas evaluadas no están tan interesadas en los criterios científicos de las evaluaciones (exactitud y consistencia), como lo están en contar con procedimientos de medición justos y comprensibles que les permitan conseguir legítimamente las puntuaciones más altas posibles. Así, en la preparación para responder un examen, las personas se concentran en estudiar los contenidos que se evalúan, lo que no hacen con los contenidos que no forman parte del examen. Estas actividades son respuestas legítimas y sensibles a la situación que vive la persona, quien trata de satisfacer las demandas evaluativas que se le imponen. Hacer lo contrario sería perder la racionalidad de los intereses y necesidades de quienes son evaluados.

Un tercer punto de vista es el de los funcionarios públicos que se encargan de tomar decisiones que impactan la vida de las personas evaluadas (por ejemplo, seleccionar, certificar o promover). Estos funcionarios deben tomar decisiones en forma rápida, eficiente y apropiada, por lo que requieren emplear procedimientos bien definidos, sistemáticos y estandarizados; lo que se hace generalmente en forma mecánica y algorítmica. Desde esta perspectiva, las evaluaciones deben operar bajo normas de objetividad e imparcialidad, por lo que desean que los procesos evaluativos sean justos, o al menos que lo parezcan. Por lo tanto, la objetividad se valora altamente en este contexto, porque es vista como la promoción de la equidad.

En síntesis, es importante tomar en cuenta que existen varias perspectivas sobre las evaluaciones educativas y que ninguna de ellas debe de prevalecer sobre las demás. Lo que es más importante para el científico, no lo es para la persona evaluada y tampoco para el tomador de decisiones. El reto que tendrá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a quien le tocará instrumentar la evaluación de docentes, de la Reforma Educativa, será saber mediar estas tres ópticas de tal manera que las evaluaciones sean válidas ante los ojos del científico, del tomador de decisiones y de los propios docentes, así como la del público en general que estará atento de ese proceso (una óptica, no revisada en este pequeño ensayo).

* Investigador en las áreas de evaluación educativa y tecnología educativa.
Se desempeña también como docente de la Maestría en Ciencias Educativas
de la Universidad Autónoma de Baja California.