Con beneplácito se recibió la noticia que se reanudaron las clases a los alumnos de la educación básica publica en el estado después de asumir un acuerdo entre los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación (SNTE) representado por su presidente nacional el maestro Juan de la Torre y el Gobierno del estado, representado por el Gobernador Francisco Vega Delamadrid.

Conforme a los compromisos establecidos, el Gobernador del Estado, encabezó el arranque de las mesas de trabajo que tratarán diferentes temas del sector educativo y estarán integradas por Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno y la Secretaria de Educación; y por parte del SNTE, el Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos; y los Secretarios Generales de ambas Secciones en BC.

Para empezar, es importante resaltar que la tarea para mejorar la educación es algo demasiado importante y trascendente como para ser dejada en manos exclusivas del gobierno y del sindicato.
Allí está la terca realidad que nos enseña, una y otra vez, que las decisiones tomadas exclusivamente entre -Gobierno y SNTE – una relación atípica defensores y beneficiarios de las prebendas , inercias e intereses adquiridos se mantengan tal y como están. Una práctica recurrente entre dos, en defensa de lo logrado, lo acostumbrado, lo otorgado, en base a que te doy y me das, te hago un favor y me lo pagas; un clientelismo político que ya no es viable ni recomendable para superar los grandes desafíos en materia educativa. Un acuerdo para no cambiar.

Tan solo un botón de muestra, a cuatro meses de la publicación del censo educativo por parte del INEGI es inaceptable que a la fecha no se observen ni se informen acciones de la autoridad estatal para corregir anomalías que revelan, entre otros cosas, que existen 7217 personas “irregulares” (¿aviadores, comisionados, desconocidos, etc.?) en la nómina estatal que cobran pero NO trabajan. Se estima* que el costo supera los 1 mil millones de pesos ¡por año! (CEMABE 2014). Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) revela en un informe que en el estado existen 97 escuelas “fantasmas” con un costo anual en nómina de $300 mdp.
También vale la pena destacar el hecho que BC es la entidad federativa que gasta más de recursos públicos en la educación en comparación con el resto de los estados del país, y como se puede constatar, no gasta mejor.

Es incomprensible, desde cualquier perspectiva que, por una parte el gobierno estatal no tiene dinero para pagar las jubilaciones a los maestros en retiro y a docentes que si trabajan por una deuda histórica de $600 MDP, y por otra, si cuenta con recursos públicos en demasía para seguir pagando a miles de personas de forma irregular que no trabajan y en escuelas que no existen. Algo no funciona. Algo está mal. Algo tiene que cambiar.

Cierto, el esquema de mal gasto público no es responsable la presente administración estatal, pero si es resolverlo.

El corazón del asunto no es la falta de recursos. La razón del desorden y el abuso proviene primordialmente por dos causas: el lema de la impunidad: “el país donde no pasa nada”- continúa la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo. Se requiere iniciar fiscalizaciones especiales por parte de la Contraloría del estado y del congreso local que deben tener consecuencias jurídicas de las leyes de transparencia.

Además, las mesas de trabajo están mal estructuradas porque las negociaciones y acuerdos se llevan a cabo en la sombra y a puerta cerrada entre dos actores exclusivamente: una silla para los líderes del sindicato y otra para Gobierno. Sigue el pacto simbiótico para no cambiar.

Hace falta pactar de otra manera y mejor, con apertura y transparencia, como lo argumenta el escritor Carlos Ornelas en su libro +, integrar la tercera silla a la mesa, es decir, abrir el dialogo a la observancia y opinión ciudadana que sirva de contrapeso y equilibrio para la construcción de una cultura nueva que genere confianza, credibilidad y empatía en la sociedad.

Llego la hora en la que los maestros, padres de familia, empresarios, académicos y ciudadanos guiados por la necesidad de vigilar las decisiones del gobierno y de exigir cuentas a los servidores públicos. Si buscamos resultados distintos y mejores no permitamos que hagan lo mismo. La voz de la razón y el deber cívico nos lo exigen. Ya no tenemos el lujo ni el dinero para no cambiar.

Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
COPASE BAJA CALIFORNIA

Notas:

*(7,217 X $12,000 X 12= $ 1,039 MDP)
+Ornelas, Carlos (2012) Educación, colonización y rebeldía. La herencia del pacto Calderón-Gordillo, México, Siglo XXI