Carlos Ornelas / Excelsior 24/09/2014

La semana pasada, el Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Centro de Estudios Mexicanos y el Teachers College de la Universidad de Columbia, organizaron un simposio para debatir acerca del Sistema Educativo Mexicano en el Siglo XXI. Fue un foro plural y de discusión abierta, de debate real; la única limitante: el tiempo asignado a cada expositor.

Por el lado del Estado (no nada más del gobierno) participaron Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media de la SEP, Sylvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, y Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación de Querétaro. Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado no pudo llegar. También participamos académicos mexicanos y de Estados Unidos, así como representantes de organizaciones civiles.

Como era de esperarse, los informes de la parte oficial desataron más interrogantes y críticas. Los altos funcionarios destacaron los avances más allá de las reformas legales, que sí los hay, pero el auditorio se mostró receloso. Al secretario queretano le llovieron críticas a granel, pues pintó un paisaje idílico y patriótico entre autoridades y líderes del SNTE para expresar que en ese estado no hay problemas, que el gobierno local y la sección sindical apoyan la reforma del presidente Peña Nieto 100%. Pero se mostró incapaz de responder cuando Marco Fernández, de México Evalúa, mostró los datos de aviadores y de otras irregularidades en su estado. Esa información respondió a la pregunta de Robert Kaufman, comentarista de la Universidad de Columbia, sobre cómo se da el amorío entre las autoridades y la dirigencia de la sección sindical: aviadores y comisionados.

Hay que reconocerlo. Los altos mandos del sector educativo que asistieron al simposio, estuvieron presentes del comienzo hasta el final, incluso hubo funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Embajada de México en Estados Unidos. Y aguantaron la vara, como decíamos cuando estudié la primaria, ante las voces críticas.

La marca distintiva de los académicos mexicanos fue el escepticismo y la de los activistas de la sociedad civil la impaciencia. Ambas tienen justificación. La desconfianza de los académico se basa en la experiencia histórica. No se cumplieron las expectativas importantes que se plantearon con el Acuerdo para la Modernización de la Educación básica, de 1992, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, de 2002, y la Alianza por la Calidad de la Educación, de 2008. La calidad de la educación no ha aumentado y el sistema sigue igual o más iniquitativo que antes.

La urgencia de los activistas civiles también tiene asideros. El Acuerdo de 1992 al final de cuentas resultó en un pacto entre dos, donde el SNTE y sus secciones resultaron los ganadores, la calidad era pieza de discurso e instrumento para canalizar recursos a los sindicalistas. El Compromiso fue un episodio ritual cuya consecuencia final fue el fortalecimiento de la camarilla dirigente en el sindicato, la ACE resultó un fraude.

El Estado mexicano es débil; las reformas legales no significan que los cambios ya hayan llegado al sanctum de la educación: el salón de clases. Pero deben arribar. Por esa razón, docentes, académicos, periodistas y activistas civiles comprometidos con la educación de México seguimos bregando, discutiendo, exigiendo y criticando. En eso radica la importancia de foros como los de la semana pasada.

A diferencia de las reformas del pasado, hoy las autoridades y los líderes sindicales tienen contrapesos y son vigilados en sus acciones. No hay transparencia total, ni siquiera está en niveles óptimos, pero con base en la insistencia las puertas se abren, no por la buena voluntad de los altos mandos, sino por las exigencias sociales. Nunca más debemos dejar que la SEP y el SNTE sean los conductores únicos de la educación. ¡Sí! Queremos que el Estado recupere la rectoría de la educación; también somos parte del Estado.